banerhuelga35El período que transcurre entre la caída del gobierno de Gerardo Machado y el golpe militar dado por Batista con el apoyo del embajador norteamericano Jefferson Caffery, constituye una muestra evidente de la turbulenta vida política en Cuba durante la década del 30. Su estudio, entre otras cosas, permite caracterizar el papel desempeñado por las diferentes fuerzas políticas, la injerencia de los Estados Unidos en el acontecer cubano y las consecuencias que esta provocó.

El tema que sometemos a su consideración fue redactado por el Dr. Servando Valdés Sánchez, Investigador Auxiliar del Instituto de Historia de Cuba, quien expone con agudeza la forma en que ocurrieron los hechos, para ofrecernos un interesante análisis que recoge los elementos esenciales de la actividad desplegada por los militares con posterioridad al golpe del 4 de septiembre y la complicidad de Batista y las fuerzas de la oligarquía en la maniobra del embajador yanqui, para aplastar lo que era considerado como una amenaza para los intereses norteamericanos en Cuba.

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Del cuartelazo septembrista al golpe del 15 de enero de 1934

El 12 de agosto de 1933 una huelga general popular derribó al régimen despótico de Gerardo Machado Morales, quien abandonó la Isla precipitadamente junto con algunos de sus principales colaboradores.

Con el apoyo del embajador norteamericano Benjamín Sumner Welles, y de la mayoría de las fuerzas de derecha involucradas en la frustración del proceso revolucionario, quedó establecido un gobierno provisional que trató de proteger los intereses económicos y políticos de los machadistas.

alfredo_zayas_alfonsoEn consecuencia, la crisis nacional continuó, afectando de manera particular a las fuerzas armadas. Sobre los estamentos más bajos recayeron los peores efectos y se desvanecieron totalmente sus esperanzas de lograr algunas mejoras. Por otra parte, la limitación, lentitud y parcialidad con que fue aplicada la Ley de los Sargentos, aprobada por el gobierno de Alfredo Zayas en 1924, no resolvió las dificultades para ascender al primer grado de oficial. A esto se sumó el empeoramiento de sus condiciones materiales y de vida, el atraso constante en el pago de los salarios, la discriminación racial y los servicios de servidumbre que estaban obligados a prestar en las residencias de los oficiales, así como las humillaciones y el pésimo trato recibido de sus superiores, lo cual tornó intolerable la situación.

Ese clima de descontento en el seno de las fuerzas armadas, en las que gravitaban las más disímiles tendencias políticas, condicionaron el surgimiento de varias conspiraciones militares diferentes, casi inmediatamente después del 13 de agosto.

Solo la originada en el sector de los sargentos y alistados tuvo una trascendencia. Sus organizadores fueron el sargento Pablo Rodríguez Silverio y el sargento taquígrafo Fulgencio Batista Zaldívar. Silverio, cuartel maestre de la 3ra Compañía, del Batallón No.2 radicado en el campamento de Columbia -sede del Estado Mayor del Ejército-, era, a su vez, el Presidente del Club de Alistados y disfrutaba de cierta popularidad entre las tropas. Batista, poco conocido por sus ocupaciones administrativas en el Estado Mayor como sargento taquígrafo poseía, en cambio, gran perspicacia y habilidad política. Junto a ambos participaron también como iniciadores de la sedición, los sargentos José Eleuterio Pedraza Cabrera, Manuel López Migoya y algunos militares más, quienes formaron lo que se denominó Junta de Defensa o Junta de los Ocho.

Los conjurados hicieron contacto con Antonio Guiteras, dirigente de los revolucionarios de vanguardia que enfrentaron a Machado mediante la lucha armada, y con otras personalidades, entre ellos, el periodista Sergio Carbó Morera, director del periódico antimachadista “ La Semana ” y figura de reconocido prestigio por su enrolamiento en la expedición de Gibara, en 1931, así como por su abierto rechazo a la Mediación. A través de Carbó, el grupo conspirativo estableció vínculos con algunos elementos del DEU.

La Junta exigió reivindicaciones materiales, tales como el mejoramiento de las barracas y de las raciones, la entrega puntual del vestuario y el mantenimiento del puesto. En el orden político demandó la depuración de los oficiales machadistas.

El mando superior, evidentemente desmoralizado, había dado autorización para que los alistados se reunieran y plantearan sus reclamos, facilitando así el desarrollo de la sedición que fue extendiéndose hacia otras unidades.

Después de propagarse el rumor de que el gobierno realizaría una reducción sustancial de efectivos y rebajaría los salarios, el ambiente de insubordinación se incrementó hasta provocar entre el 3 y el 4 de septiembre la sublevación de los sargentos, quienes ocuparon Columbia y proclamaron un golpe militar. La jefatura, sorprendida e incapaz de valorar el probable alcance de la conspiración, no pudo dar una respuesta oportuna.

Por las razones expuestas, el cuartelazo se produjo sin derramamientos de sangre y, desde Columbia, pronto el Movimiento se comunicó con las restantes unidades del Ejército, la Marina de Guerra y la Policía, cuyos alistados lo respaldaron simultáneamente y destituyeron a sus jefes, asumiendo los mandos.

La salida de Pablo Rodríguez hacia Matanzas, para precisar la situación en esa provincia, permitió a Batista tomar la dirección de los acontecimientos en el momento decisivo. En la noche del 4 de septiembre, aprovechando que el golpe castrense había sido reconocido por el DEU, el ABC Radical y Pro Ley y Justicia y los guiteristas, y con el propósito de dotar al Movimiento de un programa político que le permitiera legitimarse, decidió reunirse con los principales líderes de esas organizaciones y otras personalidades políticas.

sargentobatistaEl resultado de las conversaciones se concretó en la “Proclama al Pueblo de Cuba”, publicada al día siguiente y suscrita por un grupo de figuras de la vida civil y por Batista, quien apareció con el título de jefe de las fuerzas armadas.

Los firmantes, se pronunciaron por la organización de tribunales para juzgar a los militares y civiles culpables de delitos cometidos durante el machadato, por el establecimiento del orden y la justicia, e inclusive, convocaron a una Asamblea Constituyente y se autoproclamaron impulsores de la revolución, además de dar a conocer la creación de la “Agrupación Revolucionaria de Cuba”, una Junta Cívico Militar.

A todas luces ello representaba un desafío a la Mediación de Welles. No obstante, en otra de sus partes, reconocía la presencia de la propiedad extranjera en el territorio nacional y se manifestaba por su protección. En esencia, el referido documento recogía el programa y el ideario reformista del DEU, que había ganado prestigio en la lucha contra Machado.

Ese día, a manera de complemento, el Ejército y la Marina de Guerra, controlados por los alistados golpistas, emitieron una “Declaración de Principios”, en la cual exigían la sustitución del gobierno provisional, depurar radicalmente las filas de los institutos armados, elaborar una nueva constitución y se autoproclamaban promotores de la verdadera revolución.

En consecuencia, el gobierno provisional dimitió y, a espaldas de Welles, la Junta designó a una dirección colegiada que integraron cinco miembros: los antimachadistas Sergio Carbó, Guillermo Portela Meller, Ramón Grau San Martín, José Miguel Irrisarri Garrio y el financiero Porfirio Franca Alvarez de la Campa, este último vinculado a los grupos de poder norteamericanos.

El nuevo gobierno desplazó del poder político a la oligarquía nacional y recibió la desaprobación del ejecutivo estadounidense, inclinado a restablecer una coalición gubernamental, en la que estuvieran representadas las fuerzas políticas tradicionales.

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La Pentarquía cedió paso al Gobierno de los Cien Días

La Comisión Ejecutiva, bautizada por el pueblo como la Pentarquía, fue rápidamente desintegrada. Influyeron sus intereses heterogéneos e irreconciliables, la negativa de la diplomacia norteamericana a reconocerla y la amenaza intervencionista, así como las presiones de los elementos políticos que respaldaban la Mediación en esos momentos de auge del movimiento popular.

Batista fue favorecido con el giro que tomaron los acontecimientos, pues ya el 8 de septiembre, mediante un decreto firmado por Sergio Carbó, secretario de la Guerra, logró ser ascendido a coronel. Con esa decisión unipersonal Carbó trató de captar a Batista, pero este no se prestó a sus manejos; sin comunicárselo al Movimiento Septembrista estableció sus primeros contactos con Welles.

El 5 de septiembre el exsargento visitó al funcionario estadounidense y sostuvo la primera de una larga cadena de entrevistas. Una vez que conoció su rechazo hacia la administración cubana se dedicó a conspirar para asegurar las posiciones alcanzadas.

El día 10, después de que la Junta acordara disolver la Pentarquía , fue constituido un nuevo Gabinete, conocido históricamente por el Gobierno de los Cien Días, bajo la presidencia del doctor Grau San Martín.

Las acciones del gobierno estuvieron supeditadas a la actuación demagógica y vacilante de Grau y los proyectos de Batista orientados a aplastar la situación revolucionaria en contraposición con los pronunciamientos de Guiteras, gestor de un conjunto de medidas de beneficio popular, entre las que se encontraban la creación de la secretaría del Trabajo, la disolución de los partidos políticos machadistas, la nacionalización del trabajo, el sistema de seguros y de retiros a los obreros, el reparto de tierras, la autonomía universitaria y la intervención de la compañía Cubana de Electricidad.

Frente a esas disposiciones revolucionarias y con el sostenido propósito de continuar presionando para devolver el poder político a la oligarquía, los navíos de guerra norteamericanos permanecieron en posición hostil cerca de las costas cubanas, al tiempo que Welles y el nuevo enviado diplomático Jefferson Caffery, urdían las fórmulas más adecuadas a fin de derrocar al Gobierno de los Cien Días.

Los funcionarios estadounidenses estimularon la acción armada, aprovechando el interés que tenía la oficialidad machadista desplazada de las instituciones castrenses por retornar a sus mandos.

El 2 de octubre, las fuerzas del Ejército apoyadas por la Artillería y la Marina de Guerra, atacaron y vencieron a los oficiales machadistas que se concentraron en el Hotel Nacional y el 9 de noviembre derrotaron otro movimiento conspirativo que estalló en la capital.

Estos resultados concedieron cierto alivio a la administración de Grau, aunque el verdadero favorecido fue Batista, quien continuó fortaleciendo sus posiciones dentro del Ejército.

Para entonces, Washington no tenía dudas de que Batista era el factor idóneo, capaz de consumar los objetivos golpistas, pues, además de su ascendencia política y militar en la nación y de la actitud que asumió contra Guiteras y el movimiento estudiantil, contaba con el aval de haber dirigido una férrea represión contra el Partido Comunista.

Al comenzar el nuevo año adquirió auge la amplia campaña publicitaria desatada contra el gobierno, mientras Batista y el nuevo embajador norteamericano Jefferson Caffery, sostenían frecuentes entrevistas.

A tal efecto, el domingo 14 de enero de 1934, se reunió la Junta en Columbia y, posteriormente Batista, Mendieta y Grau sostuvieron otro encuentro, tras el cual el primero compelió a la renuncia del mandatario en la madrugada del día siguiente.

Con el golpe militar, fueron expulsados de la dirección del país los elementos revolucionarios y reformistas que lograron establecerse en septiembre de 1933. En lo adelante el militarismo, como fenómeno, se entronizó en el país.

La preeminencia política de los militares a partir de 1934.

A raíz del golpe militar del 15 de enero de 1934 se formó un gobierno de concentración nacional integrado por los principales partidos de derecha; el Conjunto Revolucionario Cubano -Menocalistas-, Acción Republicana Liberal -Marianistas-, el ABC y Unión Nacionalista.

Las fundamentales figuras del proceso revolucionario fueron perseguidas, encarceladas u obligadas a exiliarse.

Durante estos primeros meses, los trabajadores de los sectores ferroviario, tabacalero, portuario y azucarero realizaron huelgas parciales por demandas económicas o en solidaridad entre los diferentes sectores.

Por su parte, Guiteras pasó a la clandestinidad y a principios de año creó la TNT , integrada por revolucionarios de La Habana y Oriente, entre otras provincias. Esa organización no sólo combatió activamente al régimen mediante sabotajes y atentados, sino también apoyó las huelgas obreras.

En octubre de 1934, la TNT fue disuelta y Guiteras, junto con algunos de sus antiguos miembros, fundaron la organización antimperialista Joven Cuba, de abierto carácter insurreccionalista, la cual muy pronto se extendió por todo el país. Su programa contemplaba realizar una Revolución Nacional liberadora que sirviera de antesala a la Revolución Socialista. Empleando métodos similares a los de la TNT y una amplia actividad de propaganda, Joven Cuba comenzó de inmediato a organizar la lucha armada. En esencia, concebían la formación de fuerzas guerrilleras en zonas rurales, apoyadas por un aparato clandestino urbano y el alzamiento de unidades del Ejército y la Marina de Guerra, así como el estallido de una huelga general revolucionaria y el desembarco, por las costas de Oriente, de una fuerza expedicionaria procedente de México.

Simultáneamente, la oposición reformista se organizó dentro del Partido Revolucionario Cubano, PRC (A), fundado por Grau en 1934.

Desde otro ángulo, los grupos de poder económico nacionales, buscando protección, apoyaron al gobierno de facto, mientras los sectores políticos tradicionales y sus líderes se incorporaron con la misma intención de continuar saqueando la administración pública.

Batista se rodeó de un grupo de consejeros políticos entre los que se encontraban Andrés Domingo Morales del Castillo -secretario de Justicia en 1935-, Andrés Rivero Agüero -abogado consultor del Ministerio de Salubridad-, Lucilo de la Peña -senador en 1936-, Leonardo Anaya Murillo -ministro de Educación en 1935- y Carlos M. de la Cruz, a quien se le acreditaron la redacción de diferentes medidas, incluidas las represivas.

De acuerdo a su origen, se impuso el poder de los militares; pero evidentemente estos no estaban ajenos a los intereses políticos oligárquicos, que buscaban restablecer su perdida hegemonía.

¿Cuál fue entonces el tipo de gobierno establecido en Cuba a partir de 1934?.

A nuestro juicio, la entrada de los militares en la política durante la época objeto de estudio, determinó la aparición, por su contenido y forma, de un régimen dual de poderes.

Esta forma de gobierno venía gestándose desde el propio 4 de septiembre de 1933, si se tiene en cuenta la presencia de la Junta Cívico-Militar de Columbia que constituída en un poder paralelo al aparato de gobierno, desempeñó un papel decisivo en la administración del país.

A partir del cuartelazo del 15 de enero, Batista logró desprenderse del elemento civil de la Junta , la cual consolidó su papel rector en la orientación de la política nacional. En efecto, durante esta etapa todas las figuras políticas que ocuparon la silla presidencial fueron colocadas o depuestas con la aprobación de dicha Junta.

La dualidad de poderes se caracterizó en sus procedimientos por rasgos de corte dictatorial, al imponer la violencia contra todo atisbo de democracia. Inclusive, en cada una de sus intervenciones públicas Batista trató de enaltecer el falso rol de las fuerzas armadas como defensoras de la nacionalidad y autoras del orden y la prosperidad.

Pero, ¿cuáles fueron los presupuestos que garantizaron la preeminencia política de los militares?

En primer orden, sirvieron de base las leyes constitucionales aprobadas en 1934 y 1935, que violaron y modificaron cuantas veces lo requirieron la alta jerarquía castrense y los grupos de poder oligárquicos. A través de ellas se concentraron los poderes ejecutivos y legislativos en el presidente de la República y un Consejo de Secretarios. Además, fue creado un Consejo de Estado de carácter consultivo.

La unificación de ambos poderes le otorgó amplias prerrogativas al primer magistrado y a sus colaboradores que quedaron facultados también para suspender los acuerdos de los consejos provinciales y de los ayuntamientos, así como para remover libremente a los secretarios de despacho, simplificando de hecho a Batista el manejo del aparato de gobierno.

Las propias leyes constitucionales apuntalaron el fuero militar y establecieron que solo la jurisdicción militar tendría completa y exclusiva competencia para juzgar toda clase de delitos cometidos por los militares. Así surgieron los tribunales de las fuerzas armadas, regidos por una Ley Orgánica Especial.

Como en la secretaría de Gobernación, Guerra y Marina se concentraban amplios poderes –que le causaron serias dificultades a Batista cuando Guiteras estaba al frente de ella-, el exsargento logró dividirla en dos secretarías independientes, es decir Secretaría de Gobernación y Secretaría de Guerra y Marina.

Dentro de la dinámica de funcionamiento del Ejército, la nueva Ley Orgánica, promulgada el 9 de noviembre de 1934, puso bajo la jurisdicción del jefe de la institución armada varias atribuciones de extraordinaria importancia, las cuales con anterioridad recaían sobre el Presidente de la República. Entre ellas, figuraron las referidas al aumento o disminución del personal y su distribución por los diferentes mandos y unidades; la designación de los oficiales del Estado Mayor, jefes de territorios militares y directores de escuelas y el licenciamiento de los alistados. Además, su poder de decisión se multiplicó al extremo de sancionarse que “en caso de guerra o de grave alteración del orden público el jefe del Ejército actuaría por si solo cuando las conveniencias del servicio así lo exigieran debiendo dar cuenta en todo caso al Presidente de la República”.

En teoría, el Presidente de la República continuó siendo el jefe supremo del Ejército, pero en la práctica los cambios establecidos situaron a Batista por encima de éste.

Asimismo, el 3 de marzo de 1936, el Decreto Ley No.623 sancionó la formación de los órganos de la Policía a nivel nacional, hasta esa fecha organizados en cuerpos dependientes de la Secretaría de Gobernación y de las alcaldías municipales. Desde entonces, la Secretaría de Defensa Nacional asumió su administración y dirección, lo que permitió a Batista deshacerse del elemento político-civil y destinar a oficiales del Ejército como supervisores del gobierno dentro de ese cuerpo en todas las ciudades. Paralelo a ello, los militares se apropiaron de las administraciones provinciales y municipales de la isla. También proliferaron los interventores militares en órganos gubernamentales como la Secretaría del Trabajo, desde donde estimularon la división del movimiento obrero y mediaron a favor de los patronos en esos conflictos. Así los miembros de los institutos armados obtuvieron enormes facultades que fueron incluso sobrecumplidas.

Simultáneamente, el gobierno provisional fue dotado de una legislación de emergencia para hacer más efectiva la represión. Además de la suspensión constante de las garantías constitucionales, las huelgas fueron estrictamente reguladas con medidas severas como la Ley de Defensa Nacional, del 6 de marzo de 1934, que declaró reos de delitos a todos aquellos predicadores de cambios en el sistema neocolonial. Dicha ley dispuso también la creación de los tribunales de defensa nacional para juzgar por vía sumarísima a sus infractores

Por otra parte, una nueva legislación laboral prohibió las organizaciones obreras, con lo que se propendió al establecimiento de un sindicalismo oficialista, controlado por la Secretaría del Trabajo.

También dictaron medidas relativas al uso y tenencia de armas, se dispuso la pena de cadena perpetua o de muerte para los que durante el período de zafra incendiaran ingenios o cañaverales y fueron creados los Tribunales de Urgencia más drásticos que los de Defensa Nacional.

No obstante los paros prosiguieron. En el mes de julio un amplio movimiento huelguístico se extendió desde Manzanillo hasta Pilón, abarcando los centrales Media Luna y Niquero. Al mes siguiente las comunicaciones telegraficas y el servicio de correo quedaron paralizados en el país por la huelga de los empleados de la Secretaría de Comunicaciones. El movimiento huelguístico comprendió incluso todo el sistema educacional. Al mismo tiempo los campesinos de Realengo 18 se organizaban para enfrentar la represión del ejército.

Pero alrededor de la huelga de marzo de 1935, las arbitrariedades se recrudecieron todavía más. En medio de la declaración de guerra, en todo el territorio nacional (Ley típica de emergencia) fueron juzgados bajo esas condiciones los delitos considerados de “alteración del orden público” y los funcionarios del Estado y, de hecho, los militares actuaron eximidos de toda responsabilidad.

Como complemento, el 8 de marzo de ese año, la Ley No.8 designó al entonces teniente coronel José Eleuterio Pedraza al mando de la Policía Nacional y le otorgó facultades para mantener a los detenidos todo el tiempo que estimara conveniente sin presentarlos a jueces ni a tribunales. Esto estimuló los crímenes y atropellos, así como el abarrotamiento de las cárceles. La misma ley aprobó el nombramiento de jefes militares, con iguales libertades en todo el país.

En ese entorno se insertó el brutal aplastamiento de la huelga de 1935 y el asesinato de Guiteras el 8 de mayo de ese año, cuando éste se encontraba enfrascado en los preparativos de la insurrección armada contra el gobierno. Ambos hechos, igualmente irreparables, languidecieron el proceso revolucionario, condenando al fracaso de los intentos de lucha armada por largo tiempo.

De tal suerte, un gobierno provisional manipulado por Batista y el embajador norteamericano Jefferson Caffery, gobernó el país hasta 1936, cuando fueron celebradas elecciones presidenciales, amparadas en una extensa legislación electoral que garantizó el triunfo de sus candidatos. Como resultado, esos comicios restauraron al Congreso, compuesto por una mayoría de parlamentarios corruptos y sujetos a la voluntad del jefe del Ejército.

Sin embargo, el papel decisivo de los militares no puede interpretarse en términos absolutos, pues ello significaría ignorar la comunidad de intereses que hubo entre los militares, los presidentes nominales y los partidos burgueses. En realidad, se estableció una alianza mutuamente beneficiosa entre Batista y la Junta con los grupos oligárquicos, cuyos principales colaboradores eran la Asociación Nacional de Hacendados, la Lonja del Comercio y el Diario de la Marina.

De la misma forma, las relaciones de la Junta con el poder ejecutivo no estuvieran exentas de desavenencias. En determinadas circunstancias, intereses de grupos políticos y sus dirigencias provocaron serias pugnas que condujeron a enfrentamientos directos, de los que salieron siempre triunfantes los militares.
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